El tribunal ordenó crear un plan que evite que los menores de edad más vulnerables se queden sin educación en emergencias.
La Corte Constitucional evidenció varias afectaciones para los menores de edad y los jóvenes que se vieron obligados a asistir a sus clases de forma virtual, tras al confinamiento derivado de la propagación de la covid-19 en Colombia.
Ese tribunal señaló que se registraron varios efectos negativos “físicos, psíquicos y psicológicos”, además de “pérdidas de habilidades y competencias en el desarrollo cognitivo y emocional” de los menores y jóvenes del país.
También se encontraron afectaciones en la salud como “la dimisión en la visión por la mayor exposición frente a una pantalla” de los menores que se vieron obligados a asistir a clases virtuales para “adelantar su proceso académico a distancia, de manera remota o por medio de herramientas virtuales”.
Esas fueron algunas de las conclusiones a las que llegó la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, razón por la que le ordenó al Gobierno que en seis meses haga un diagnóstico y evalué “a nivel nacional y territorial, el impacto que ha tenido la pandemia generada por la covid-19 en el servicio de educación, en los docentes y en los estudiantes”.
Para ese tribunal, la pandemia “ha traído consigo una gran cantidad de cambios y consecuencias en la vida en comunidad y las formas de relacionarse en diferentes ámbitos”.
La educación no se queda atrás, ya que “el modelo fue uno de los que también sufrió afectaciones”.
Adicional a los efectos negativos en la salud de los menores y jóvenes, el magistrado Ibáñez concluyó que la pandemia agravó la brecha educativa entre quienes tienen más o menos posibilidades económicas.
En ese sentido, el magistrado explicó que los menores y jóvenes de bajos recursos y de zonas rurales, no tuvieron la posibilidad de acceder a las clases virtuales durante el periodo de confinamiento, por no contar con un computador o una tablet, además de no tener la posibilidad de conectarse a internet.
Esa tesis fue aprobada por los demás magistrados de la Corte Constitucional, al señalar que el Gobierno tiene otros seis meses para presentar soluciones que reduzcan “la brecha que se amplió con la pandemia en materia educativa, a través de acompañamiento psicológico, nivelación de contenidos, reducción de las cifras de deserción, y focalización de la estrategia de conectividad en las zonas donde habitan niños, niñas y adolescentes en situaciones de mayor vulnerabilidad”.
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